Han pasado ya muchos años desde la Constitución de 1978 y la Ley de Libertad Religiosa de 1980; también desde la Ley de 1992 del Acuerdo Comisión Islámica – Estado. Han pasado ya diez años en los que representantes de los musulmanes españoles han estado intentando llevar a concreción el cumplimiento de estas normas legales, intentando convencer de que lo único que se pretende es dar un servicio religioso a ciudadanos españoles con plenos derechos, del que también se beneficiarían extranjeros residentes o transeúntes.

Negociaciones éstas largas porque cuando ya convences a un cargo político (Director General o Ministro) de que somos musulmanes de bien, han pasado años, cambian a los cargos y hay que empezar de nuevo a vencer los prejuicios firmemente arraigados en las mentes de los nuevos mandos recién llegados.

Confunden lo islámico con lo islamista (ultraderecha), la verdadera religión con las sectas nocivas, los valores de los musulmanes de bien con la ausencia de valores de los musulmanes descarriados. Piensan que el Islam tiene tendencias integristas cuando la religión no tiene tendencias integristas, se trata de llevar la palabra de Dios a la humanidad para que la siga, y esto es un bien. Son los ultras (cristianos o musulmanes) los que son integristas en todo queriendo imponer su ideal de orden político, social, económico, ético, religioso... Los ultraderechistas sí son una amenaza para todos los hombres y mujeres, musulmanes o cristianos, para nuestro ejercicio del don recibido del libre albedrío.

Así pasa una década sin que quieran ver que lo único que queremos es dar servicios religiosos a quien los demande, con voluntarios y capellanes que puedan acudir a los centros de ancianos para cubrir sus necesidades espirituales en esa última etapa de su vida; también se piden desde los hospitales adonde los enfermos, en ocasiones muy graves o terminales, suplican un apoyo y que conforten su alma. Los soldados en los cuarteles, apoyados por sus mandos, solicitan capellanes para los oficios religiosos y para que resuelvan sus dudas e inquietudes espirituales, sobre todo ahora que participan en misiones en el extranjero que pueden ser arriesgadas. Y por último qué decir de lo necesario, incluso como inversión a medio y largo plazo para la seguridad ciudadana, de la urgente necesidad de voluntarios y capellanes en los centros penitenciarios y de menores. Muchachos que por diversas circunstancias (la tentación del dinero fácil, la desesperación, la pérdida de fe, mala educación en ausencia de valores...) han violado la ley de Dios y la ley de los hombres, viéndose hoy privados de libertad. Hay que reinsertarlos en la sociedad como dice la Constitución y la Ley, y posiblemente, el mejor de los momentos es el de la reclusión con tiempo para reflexionar, orientándoles, ayudándoles cuando sean excarcelados a encontrar un trabajo y vivienda, salvando su vida en este mundo para el porvenir como hombres y mujeres de provecho, y salvando su alma para la otra vida futura y eviterna.

Qué opinión pueden merecer los Directores Generales y Ministros que condenan a estas personas recluidas, más allá de la sentencia recaída, incluyendo que les importe poco o nada su reinserción o su alma.

Los representantes religiosos de cristianos y musulmanes en España trabajan para el mismo bien común; pero la comunidad musulmana española no tiene, proporcionalmente a su número, las mismas ayudas, financiación, y por tanto, medios para acometer las mismas obras de bien. Más difícil aún cuando, sin apenas dinero para sostener mezquitas y a imanes, se encuentran con trabas burocráticas para ejercer su servicio a la sociedad y su beneficencia.

Los ministros no deniegan por escrito las peticiones legales ya que rápido estaría el recurso ante los tribunales por arbitrariedad anticonstitucional, bien discriminatoria o bien confesional de un gobierno que debe ser de todos los españoles. Solo dan largas por respuesta que ya duran un decenio.

Por las clases de religión sí pueden manifestarse en las calles los padres de los alumnos apoyados por el resto de la población demócrata; pero no pueden hacerlo los ancianos, los enfermos, los reclusos, ni los militares.

Si un sindicato o un partido político reclama el cumplimiento de sus derechos constitucionales, rápidamente se les dará porque pueden parar la economía nacional, presentar mociones de censura y hacer caer un gobierno. Pero unos sacerdotes o unos imanes no van a convocar y a salir a la calle en manifestación. No sabemos cuánto tiempo durará esta situación injusta; pero parece que debe acabar el tiempo de las largas a perpetuidad, porque unos representantes religiosos sí pueden ir a los tribunales para que se haga la justicia social igualitaria que demanda una sociedad democrática en el seno de Europa. §